RIGI: qué es, cómo funciona y qué proyectos entraron

La mayor inversión de la historia argentina está pendiente de ser aprobada, literalmente.

Argentina LNG (el proyecto de gas natural licuado de YPF con la italiana Eni y XRG, el brazo inversor de la petrolera estatal de Abu Dabi) tiene US$51.000 millones comprometidos sobre el papel y lleva meses esperando a que un comité del Ministerio de Economía le ponga el sello. Detrás esperan otros US$145.000 millones en solicitudes. Ya dentro, hay más de US$71.000 millones aprobados. Y todo gracias a un régimen que todos los zurdos hablando de Argentina no te saben explicar o que califican de amenaza (porque no ven la oportunidad ni sabrían aprovecharla si la viesen) cuyas puertas cierran el 8 de julio de 2027: el RIGI. Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones.

Por muchos discursitos de Davos o de la ONU que se hagan, el dinero va donde se le recibe como debe ser. La oratoria moverá consciencias, pero nada como un contrato acoge al gran capital. En este artículo vamos a explicar en qué consiste el contrato que está haciendo crecer a Argentina, con la verdad por delante y sin venderte nada, que para panfletismo ya tenemos al gobierno de la plata.

El RIGI nace de la Ley Bases de Milei en julio de 2024 para proyectos de más de $200M en energía, minería, infraestructura y demás sectores que necesitan grandes inversiones antes de ponerse a facturar. Para entender bien cómo y por qué funciona, hay que explicar por qué hizo falta crearlo en primera instancia.

Argentina tiene cobre sin tocar en la provincia de San Juan, medio triángulo del litio en la Puna y la segunda reserva de gas de esquisto más grande del mundo en Vaca Muerta. De geología va sobrada. Lo que faltaba era confianza. Y no nos sorprende, claro está: el capital tiene memoria largoplacista, y el historial argento tiene tres capítulos que cualquier analista de riesgo extranjero tiene como red flags a miles de kilómetros.

Uno fue la expropiación de YPF a Repsol en 2012, que acabó con Repsol cobrando unos US$5.000 millones en bonos y con un juicio en Nueva York que en 2023 condenó a Argentina a pagar unos US$16.100 millones más (la factura sigue sangrando las arcas públicas). Dos, el cepo: los controles de cambio que entre 2011 y 2015, y otra vez desde 2019, dejaron a multinacionales enteras con los activos atrapados en pesos, mirando cómo la inflación se las comía sin poder transferir ni retirar ni un dólar. Tres, las retenciones: impuestos a la exportación que se suben por decreto; en 2008 las hicieron móviles para el agro y montó el mayor conflicto entre el campo y la administración de la historia reciente.

(por no hablar de la pesadilla del corralito que todavía genera estrés post-traumático a muchos argentinos a día de hoy, después de más de un cuarto de siglo)

Esta historia ha hecho que los capitales extranjeros, como es obvio y evidente, no hayan querido financiar ningún proyecto, pongamos por ejemplo, de minería, en Argentina en las últimas décadas. Nadie se fía de la palabra de un zurdo a 30 años. Y claro, construir esa credibilidad lleva tiempo. Pero inversión hace falta ya. Entonces, qué hizo Milei? Pues vender esa credibilidad en un paquete, el RIGI: un contrato con 3 garantías clave que permiten que un director financiero pueda sentarse a hablar con un banco seriamente.

Hay 3 tipos de garantías en el RIGI: tributarias, cambiarias, y jurisdiccionales.

La primera ofrece un impuesto a las ganancias al 25% fijo (el régimen general argentino es del 35%), importación de maquinaria sin aranceles, exportación sin retenciones desde el tercer año, y todo congelado por 30 años (40 para la categoría superior, los PEELP: Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, desde US$1.000 millones por etapa). Ojo, el candado aquí es más importante que el descuento: lo que compras es la certeza de que ningún ministro con un agujero fiscal (o ganas de forrarse, que muchas veces es lo mismo) te pueda subir la retención por decreto. Aquí el desglose total que hace el gobierno de los beneficios tributarios del RIGI:

La segunda garantía es la que mueve el dinero de verdad porque habilita la financiación internacional. Un exportador argentino normal está obligado a liquidar sus divisas extranjeras en el mercado oficial. Un proyecto RIGI, en cambio, queda eximido por tramos: dispone libremente del 20% de sus dólares de exportación en el segundo año, del 40% en el tercero y del 100% desde el cuarto. Y eso desbloquea el financiamiento de proyecto: la deuda se puede prestar contra los flujos futuros del propio proyecto y no contra el balance del dueño, porque el banco solo presta si los dólares pueden salir del país a devolverle el préstamo. Esto ya pasó de teoría a firma: VMOS, la empresa que construye el oleoducto que sacará el crudo de Vaca Muerta al mar, cerró en julio de 2025 un préstamo sindicado de $2Bn a cinco años liderado por Citi, Deutsche Bank, Itaú, JPMorgan y Santander. Cinco bancos internacionales prestándole a infraestructura argentina a 5 años. Algo que en 2019 era inimaginable.

La tercera es la jurisdicción. Si el Estado incumple, la empresa no litiga ante un juez argentino: se va a arbitraje internacional. Esto obviamente no impide que un gobierno futuro rompa el contrato, pero lo hace menos probable. El remedio es una indemnización arbitral, como la que Argentina ya paga por YPF. No deja de ser una apuesta, pero es una razonable.

Para entrar hace falta un proyecto de mínimo $200M de inversión comprometida, encapsulado en un VPU (Vehículo de Proyecto Único: una sociedad creada solo para ese proyecto, para que el beneficio no se derrame al resto del grupo y para que el banco tenga un deudor limpio). Y hay que ejecutar al menos el 40% de la inversión mínima en los primeros 2 años, y destinar el 20% de la inversión a proveedores locales. Importante este segundo dato, luego vemos por qué.

Antes de los números, qué miden, porque la prensa lo mezcla todo: las cantidades del RIGI son compromisos de inversión (el capex del plan aprobado). Ni facturación esperada ni actual, ni el valor del mineral bajo el suelo, ni mucho menos dinero ya gastado. Dicho esto, la curva: de cero en octubre de 2024 a $25Bn aprobados en febrero de 2026, casi el doble en septiembre, y más de US$71.000 millones tras la tanda del 20 de octubre, cuando entraron Pluspetrol con Bajo del Choique-La Invernada ($12Bn) y dos proyectos de gas de TGS ($3Bn). En evaluación quedan unos $145Bn. La fila duplica lo aprobado.

El orden en el que han ido entrando dibuja un patrón interesante. La primera ola fue local y pequeña: el primer proyecto aprobado fue un parque solar de YPF Luz en Mendoza, de $211M. El gobierno necesitaba un caso de éxito rápido y se lo dio su propia petrolera. El primer año del RIGI fue eso: YPF y las empresas argentinas de teloneras mientras las extranjeras miraban sentadas a ver si la cosa iba en serio.

La segunda ola fue minera. Vicuña, el proyecto de cobre y oro de Lundin Mining (grupo minero sueco-canadiense) con BHP (la minera más grande del mundo), se comprometió a unos $9Bn en San Juan, ampliables al doble. Es la mayor inversión minera de la historia argentina, y para que te hagas una idea del tamaño del desbloqueo, Argentina no produce cobre desde que la mina Bajo de la Alumbrera se agotó en 2018, y no construye una mina de cobre nueva desde los años 90. Una gigante global volviendo a firmar riesgo argentino a 30 años vista es exactamente para lo que se hizo este régimen.

La tercera ola es Vaca Muerta como cadena completa, posible porque el decreto de febrero de 2026 abrió el régimen a la producción de hidrocarburos (antes solo entraban el transporte y la industrialización, no el pozo). Desde entonces el patrón es de manual: producir el barril (Los Toldos II Este, de Tecpetrol, $6.4Bn), sacarlo del país (el oleoducto VMOS, consorciado por las ocho petroleras que operan Vaca Muerta: YPF, Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Shell y Tecpetrol), y convertir el gas en producto exportable. Southern Energy va a plantar frente a Río Negro buques factoría que enfrían el gas a -162°C para hacerlo líquido (GNL, Gas Natural Licuado) y embarcarlo a cualquier puerto, y Pampa construye en Bahía Blanca una planta de urea, el fertilizante que Argentina hoy importa. En la fila, además de Argentina LNG, esperan LLL Oil de YPF ($25Bn), El Trapial de Chevron ($13.8Bn) y proyectos de cobre de Glencore.

El comité evaluador rechazó un solo proyecto: Mariana, una planta de litio en Salta de Ganfeng, el mayor productor de litio de China, de $273M. Y contrariamente a lo que alguno puede estar pensando, no, no es porque son chinos y Milei es un fanático aliado de Israel; es porque Ganfeng tuvo la cara de pedir entrar cuando la planta ya estaba construida e inaugurada. El RIGI es única y exclusivamente para “premiar” decisiones futuras, y conseguir inversiones largoplacistas que literalmente apuesten por el país. Dárselo a un proyecto ya hecho sería un regalo fiscal puro y duro.

¿Que esto haya sido una maniobra performativa para dar a entender que hay un veto a China? (porque obviamente el propio hecho de que lo hayan pedido sabiendo que no se lo iban a dar es un poco raro) Es una lectura que circula, pero se cae fácil: la misma Ganfeng tiene aprobada dentro del RIGI la ampliación de Cauchari-Olaroz en Jujuy ($1.1Bn), la china Zijin Mining tiene aprobado Tres Quebradas en Catamarca con el 100% del capital, y Shandong Gold comparte con Barrick la ampliación aprobada de Veladero. El capital chino entra igual que el resto cuando la inversión es a futuro. Lo que no entra es beneficio fiscal a quien ya le ha salido bien la apuesta.

La ventana de adhesión cierra el 8 de julio de 2027. La Ley Bases daba 2 años con una única prórroga por decreto, y esa prórroga ya se gastó en febrero de 2026. Alargar el plazo otra vez exigiría una ley nueva del Congreso (matemática que depende de cómo queden las cámaras tras las elecciones), y nadie estructura un proyecto de media yarda apostando a una ley que no existe. Al gobierno además le conviene jugar a contrarreloj para ganarse indecisos... Si tienes un proyecto que califica, ten en cuenta que el camino desde 0 hasta la resolución aprobatoria (estructurar el VPU, armar el plan de inversión, pasar el comité) se mide en muchos meses, no en semanas.

La prensa escribe para lectores, nosotros para operadores. Así que probablemente no hayas leído ni vayas a leer esto en ningún otro lado. Cada proyecto aprobado está obligado a gastar el 20% de su inversión en proveedores locales, como ya dijimos. Para aterrizarlo: el 20% de $71Bn son $14.000M de demanda asegurada por contrato, y el 40% de eso se tiene que gastar en los próximos 2 años. Argentina LNG, por sí solo, estima invertir $15.000M en bienes y servicios nacionales. Y la industria argentina no da abasto: la UIA (Unión Industrial Argentina, la patronal fabril) ya se queja de que sus pymes compiten con una mochila de impuestos contra bienes importados que los adjudicatarios pueden traer desgravados.

La barrera de entrada más baja del RIGI es ser proveedor de los que ya entraron. Vicuña ya emplea a más de 2.600 personas, 1.800 de ellas a través de 245 contratistas, con $1.400M presupuestados solo en caminos y líneas eléctricas, y la construcción grande ni siquiera ha empezado… Movimiento de suelos, campamentos, logística, acero, ingeniería, seguridad industrial, tratamiento de agua: los próximos 5 años de Argentina va a ser contrato tras contrato, y quien conecte oferta (proveedores españoles, chinos, paraguayos, brasileños, peruanos, de donde sea, con socio local) con esa demanda obligada, cobra comisión por estar en el medio (y ahí está La Polea, haciendo de palanca ;).

Fuentes